La crisis económica causada por el covid-19, ha dejado a miles de familias en el desempleo. Hasta junio pasado se registraron 270 mil desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se suman a las más de 300 mil personas que ya estaban en desempleo, y a los más de cuatro millones que no tienen un empleo adecuado.

Esta crisis económica se refleja directamente en la educación de niños y jóvenes en el país. Al momento, 51.312 estudiantes han pasado del sistema particular al fiscal, en Sierra y Amazonía. En la Costa fueron 115.324.

Así lo informó la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, en su comparecencia ante la Mesa de Educación de la Asamblea Nacional, este miércoles 5 de agosto.

A esto se sumaría la dificultad para contactar alumnos desde el inicio de la pandemia. De 1,4 millones de estudiantes de Sierra-Amazonía, se perdió el contacto con 17.754, que equivale al 1,3%; en la Costa -señaló Creamer- hay dificultad para contactar a 5.600 chicos: 0,28% de los más de 2,3 millones, que al momento se encuentran en clases.

Escuelas privadas

A puertas de iniciar clases en el ciclo Sierra-Amazonía, el Ministerio de Educación ha recibido 25 solicitudes de cierre de instituciones educativas particulares, de estos, 17 corresponden a centros de educación inicial.

Al momento una ha sido cerrada, mientras que los pedidos de 21 centros se encuentran en revisión y tres fueron devueltos por no cumplir con los requisitos.

En Guayas, la Fundación Red Educativa Arquidiocesana (REA) anunció el cierre de diez de las 29 escuelas y colegios que dirigen en zonas vulnerables de Guayaquil y otros cantones. Durante el mes de mayo, otras cuatro instituciones educativas privadas anunciaron su cierre en esta provincia.

El artículo 107 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece que el cierre voluntario de una institución educativa debe realizarse a más tardar cuatro meses antes del inicio del año lectivo en el que dejarán de prestar el servicio educativo.

Sin embargo, en consideración de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, el Ministerio de Educación analiza y determina la pertinencia de las solicitudes de cierre voluntario de instituciones educativas particulares y fiscomisionales en un tiempo inferior al establecido, siempre y cuando se compruebe la incapacidad financiera, económica y operativa para continuar brindando el servicio educativo a partir del periodo escolar 2020-2021.

Educación pública con recortes

Aunque en este periodo escolar hay más estudiantes en la educación fiscal, hay menos recursos. El estado hizo un recorte a la educación de 894 millones de dólares debido a la pandemia. Para ahorrar recursos en el sistema educativo se eliminó el Programa de Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia, la suspensión del Programa de Alfabetización, y la reprogramación de recursos en alimentación escolar, uniformes, mobiliario, servicios básicos en los planteles educativos a propósito de que la educación continuará de forma virtual.

Alerta internacional

La ONG Plan Internacional alertó que la pandemia de COVID-19 está bloqueando el acceso a los menores y adolescentes migrantes a derechos como la educación y una vida libre de violencia, siendo los menores migrantes unos de los más afectados.

«las condiciones de vida empeoran, siendo las niñas, niños y adolescentes migrantes, alrededor de 7 millones, los más afectados», pues «sus derechos fundamentales como a vivir con sus familias, libres de violencia y acceder a la educación se han visto altamente vulnerados, sin que se vislumbren respuestas».

Nicolás Rodríguez, gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Plan International, recordó que en la región de las Américas viven «dos de las peores crisis migratorias del mundo: el flujo de personas venezolanas, mayoritariamente asentadas en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú; y la población del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) que migra hacia México y Estados Unidos».