“Muchos hogares ya no serán capaces de permitirse pagar una escuela privada, afectando a los sistemas públicos ya de por sí con dificultades, y obligándolos a incorporar una gran carga de nuevos estudiantes, lo que repercutirá en la calidad.”

La falta de recursos económicos tiene un impacto directo en la educación, ya sea a gran escala, reduciendo la inversión que los países realizan en infraestructura, materiales y personal; hasta las implicaciones personales y familiares, ocasionando deserción escolar para que niños y jóvenes se integren a la fuerza laboral.

A causa de la crisis por el COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que la pobreza alcanzará a 28,7 millones de personas más (en comparación al año pasado), dando un total de 214,7 millones de personas; mientras que la extrema pobreza afectaría a 15,9 millones de personas más, dando un total de 83,4 millones de personas.

Al verse reducidos los ingresos familiares, las familias pueden prescindir de la educación privada y optar por la educación pública que, en América Latina y el Caribe, está garantizada dentro de las Constituciones de los Estados y los tratados internacionales.

Este sería el caso de Perú, el país que según la Universidad Jhon Hopkyns tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del continente, (en relación a su población) y estaría en segundo lugar a nivel mundial.

Al momento, Perú mantiene clases a distancia para 6 millones de alumnos y clases presenciales en 11.952 instituciones educativas ubicadas en zonas rurales de 663 distritos con nulo o muy bajo nivel de contagio de coronavirus, donde no existe acceso a infraestructura tecnológica.

Según datos del Ministerio de Educación, en Perú existen 13.580 escuelas privadas, de las cuales, un porcentaje cerrarían para el año 2021.

Al inicio de la pandemia, la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) advirtió que cerca de 9 mil centros educativos  particulares a nivel nacional cerrarían a fines de abril, si el Gobierno no extiende un subsidio económico para ellos a fin de asegurar el pago a los maestros.

Edgardo Palomino, presidente de la Acopril señaló para el medio RPP, que “de los 17.200 centros educativos, 9 mil colegios tienen menos de 31 alumnos y el 20% de este grupo ya cerró. Es decir, 1.800 colegios privados cerraron sus puertas debido a la pandemia”.

Según la Asociación de Colegios Privados (ACP) de ese país, “Hasta el momento 2.000 colegios (escuelas) privados ya cerraron sus puertas y lo más probable es que el próximo año no las vuelvan a abrir. A ellos se suman 3.000 colegios más que cerrarán a fin de año y que no lo han hecho ahora mismo porque la ley dice que solo pueden cerrar si se quedan sin alumnos. De esta manera son 5.000 los colegios que ya no abrirían sus puertas en 2021”

Lo dijo Edgar Palomino, coordinador de la ACP, al diario local Gestión.

El cierre afectaría a 250.000 estudiantes, cuyas actuales escuelas tendrán que retirarse del mercado.

Por su parte, Julio Cárdenas, presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú), indicó que a nivel nacional, aproximadamente 170 mil estudiantes de las instituciones privadas han abandonado los estudios debido a la crisis causada por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Hemos perdido a nivel de población de institutos y escuelas privadas 170 mil estudiantes que representan el 50% de la matrícula total y si incluimos a los públicos estimamos unos 40 mil más. Es decir, superamos los 200 mil chicos que han frustrado sus anhelos de formarse profesionalmente, y estamos retrocediendo 15 años en cobertura. O sea, estamos retrocediendo a la misma matrícula que teníamos en el 2005”, señaló a la cadena RPP Noticias

Frente a las dificultades económicas de las familias para pagar pensiones, las escuelas privadas adoptaron posiciones intransigentes. Se dieron cientos de protestas de padres de familia ante escuelas privadas laicas y religiosas. Exigían rebajas del 50 por ciento en el pago mensual de colegiatura, pero solo algunos centros educativos accedieron a rebajas en ese porcentaje, otros realizaron rebajas mínimas, la mayoría amenaza con la expulsión de los alumnos si los padres no pagan.

Proliferación de escuelas privadas

El detonante fue la promulgación de la LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN, en 1996. La Ley señala en su artículo 2 que: «Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa.»

Esto llevó a que las escuelas privadas de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo proliferaron en las últimas décadas, lejos de la regulación del estado y convirtiéndose en un atractivo negocio.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que en Perú, 2,1 millones de estudiantes asisten a una escuela privada.

“La mayoría de las instituciones privadas son pequeñas, de menos de 100 estudiantes y de bajo costo, cobrando una pensión mensual de menos de 200 soles (58 dólares). Gran parte de estos estudiantes provienen de familias de ingresos medios, pero alrededor de un tercio provienen de familias vulnerables, que hacen un esfuerzo enorme por destinar recursos propios a lo que ellos consideran que es una educación de calidad.”

En la publicación “La privatización por defecto y el surgimiento de las escuelas privadas de bajo costo en Perú”, María Balarin señala que el Ministerio de Educación no guarda información básica sobre las escuelas privadas ya que muchas de ellas operan de forma irregular o ilegalmente.

“es sabido que muchas escuelas privadas operan bajo el radar, ya sea porque no tienen licencia de funcionamiento, o porque aprovechan vacíos en el proceso de licencias (…) es poco lo que sabemos realmente sobre lo que ocurre en las escuelas privadas –el costo de las pensiones escolares en diferentes escuelas, si es que funcionan con o sin-fines de lucro, la condición laboral de los docentes, sus propuestas curriculares, etc–».

Gracias a la falta de controles, el caso que mayor atención despertó en los medios es el de Carlos Burgos Horna, exalcalde del municipio limeño de San Juan de Lurigancho, actualmente preso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En febrero de este año se le incautaron el centro educativo particular Saint John’s Private School y el colegio Los Emprendedores. A decir del Ministerio Público, los dos colegios están valorizados en más de 9 millones de soles (2,5 millones de dólares) y fueron adquiridos con dinero ilícito obtenido durante su gestión en dicho municipio desde el 2007 al 2013.

La actual crisis económica ya ha llevado a las familias a solicitar 110 mil cambios de escuelas privadas a públicas. Solo al momento de realizar los trámites correspondientes los padres sabrán si esas escuelas privadas funcionan sin licencia, lo que las inhibe de proveer a sus estudiantes de los certificados de estudio que les permitirán transitar hacia otras escuelas o niveles educativos.

Sobre los estándares de calidad del profesorado, Balarin señala que, mientras las escuelas públicas exigen un título universitario de pedagogía, las escuelas privadas no lo hacen, además,

“las condiciones laborales también son diferentes en las escuelas privadas, donde por ejemplo, los docentes no están agremiados y, sobre todo en el caso de las privadas de bajo costo, trabajan en condiciones informales o con contratos de corto plazo”.

La respuesta desde el Gobierno

En Perú las clases presenciales a nivel nacional estarán suspendidas durante el 2020 y a decir del ministro de Educación, Martín Benavides, se planteará el inicio de clases escolares presenciales en marzo del 2021.

Mientras tanto, el peso de los nuevos estudiantes en el sistema de educación público se empieza a sentir. El Ministerio de Educación de Perú informó a través de su página web que a partir del mes de julio, “la escuela pública cuenta con 110,407 nuevos estudiantes, de ellos, el 58% se ha sumado a aulas que aun contaban con vacantes, el 37% recibió una vacante en una escuela que cuenta con infraestructura para generar nuevas aulas, y el 5% recibió vacantes semipresenciales”. Para el año 2021 se incrementarán 15 mil vacantes en las universidades públicas para cubrir la demanda de egresados de secundaria.

Además, el gobierno peruano invertirá 93 millones de soles (26 millones de dólares) para dotar de planes de datos para celulares a más de 373 mil docentes de educación básica, entre los meses de setiembre y diciembre.

Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros informó sobre los programas de becas y créditos educativos que el gobierno peruano implementará hasta finales de este año e inicio del 2021. El presupuesto aproximado de estas ayudas a estudiantes de instituciones públicas y privadas es de 163,5 millones de soles (45,5 millones de dólares).

En lo que corresponde a la legalidad de las escuelas privadas, Cateriano indicó que el Minedu continúa con la detección y el cierre de establecimientos que ofrecen el servicio educativo sin autorización. “La meta es supervisar 1152 instituciones educativas en lo que resta de 2020 y más de 4800 en 2021. A la fecha ya se han sancionado 117 establecimientos”.

Por otra parte, “Aprendo en casa”, la estrategia de educación remota a través de internet, radio y televisión se mantendrá luego de terminada la crisis causada por el COVID-19. “La estrategia de educación a distancia tiene ahora más de 124 millones de visitas únicas en su portal, es seguida cada semana por más de 6 millones de televidentes y es difundida por más de mil radioemisoras en todo el territorio nacional.”

Al mismo tiempo, el Ministerio lleva a cabo la campaña “la educación no para”, una movilización nacional por la permanencia en el sistema educativo y por el retorno de aquellos estudiantes que no mantienen vínculo con sus escuelas, sus docentes y han abandonado el sistema.

La situación en otros países

El BID recalca que está situación, con las escuelas privadas, no es particular a Perú.

“en Haití el porcentaje es enorme, un 85% de las escuelas son privadas, en Bogotá el 72%, en Guayaquil este porcentaje llega al 52%, en la Ciudad de Buenos Aires el 50%, y en Guatemala 8 de cada 10 estudiantes de secundaria están matriculados en una institución privada. En este contexto, serán muchos los gobiernos que tendrán que tomar decisiones con implicaciones de largo plazo en temas educativos, de financiamiento, y de regulación.”

En México, 30 millones de estudiantes se mantienen en educación a distancia por televisión; esto sumado a la crisis económica ha llevado al cierre de miles de escuelas privadas.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE-ANEP), se prevé que el 40 por ciento de las escuelas privadas cerrarán sus puertas definitivamente, lo que significará la desaparición de 18.657 colegios de paga.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), durante el periodo escolar 2019-2020, operaban 46.642 escuelas particulares. Además, las escuelas particulares emplearon a 475.410 maestros durante dicho ciclo escolar.

Se estima que solo sigan operando 27.985 unidades educativas, siendo principalmente prescolar y primaria los niveles más afectados.

En Filipinas, la cifra de matriculación ha caído notablemente en los centros privados, con solo 1,5 millones de estudiantes, lo que supone el 36 % de los 4,3 millones del año pasado.

Un total de 23 millones de estudiantes se han matriculado en todo el país para el curso 2020/2021 -frente a los 27,7 millones del curso anterior-, de los cuales el 95 % (alrededor de 21 millones) se han registrado en escuelas públicas.

El caso de Kenia es dramático

De las casi 90.000 escuelas que abarcan de educación infantil a secundaria en Kenia, casi un tercio son privadas y pertenecen a empresarios y organismos religiosos o benéficos. En los últimos años el número de escuelas públicas aumentó en 13 %, mientras que las privadas crecieron en más del 64 %.

Kenia dio por perdido el curso escolar este año por la COVID-19 y las escuelas privadas, sin los ingresos de las cuotas escolares, buscan otros negocios más lucrativos para evitar la ruina total.

Al principio, el cierre era una medida temporal de 30 días que se extendió hasta que en julio el propio ministro de Educación, George Magoha, anunció: «el año escolar 2020 se considerará perdido por las restricciones de la COVID-19». Una decisión insólita en el mundo, que afecta a más de 18 millones de estudiantes kenianos.

Esto llevó a que instituciones educativas como la escuela privada “Primaria de Roka” de Mwea, en el centro de Kenia, haya convertido las aulas en criaderos de pollos y el patio del recreo en un huerto donde dos profesores reemplazaron las tizas por «sukuma» (una especie de col rizada) y espinacas.

A apenas un kilómetro, otra escuela privada sigue sus pasos. «¡Bienvenidos al ex colegio Mwea Brethrem!», saluda su dueño, Joseph Maina. «¡Ahora es una granja de pollos!», exclama a Efe emocionado, mientras por teléfono toma un pedido de 4.000 pollitos que se unirán al millar que ya tiene desde que empezó este negocio el 12 de junio.

Las alternativas

El BID recoge una serie de opciones pueden ser adoptadas como política de estado para garantizar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin educación.

En primer lugar está la posibilidad de que el sistema educativo público ‘’absorba’’ a los estudiantes que no pueden continuar en el sector privado. “Esta estrategia es efectiva si el número de estudiantes trasladados está dentro de lo que las escuelas públicas pueden recibir y si hay una oferta pública disponible en los lugares donde viven estos estudiantes. De lo contrario, los gobiernos deberán ampliar su cobertura y el acceso, con las implicancias que esto puede tener en el gasto público y en la carga de gestión.”

Una siguiente alternativa sería subsidiar a las escuelas privadas, con modelos como los que actualmente aplican Chile (voucher), o Argentina (pagando los salarios de los docentes en algunas escuelas privadas).

Esto implicaría que las escuelas privadas “acepten regirse bajo las reglas que impone el ente rector. Una vez que el Estado decide optar por esta vía, deberá discutir el monto del voucher, las condiciones mínimas para recibirlo (ej. estándares de calidad, transparencia) y las condiciones para mantenerlo, todo esto con el fin de evitar las consecuencias negativas que podría implicar la introducción de un mecanismo de subsidio sin contar con un sistema que garantice transparencia y equidad. Por ejemplo, la expansión de escuelas privadas subsidiadas de baja calidad.”

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los gobiernos priorizar la reapertura de los centros educativos una vez que hayan controlado los contagios por coronavirus.

«Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas», avisó Guterres, que recomendó que, «una vez que la transmisión local del COVID-19 esté controlada”, los alumnos retornen «a la escuela y las instituciones de enseñanza de la manera más segura y rápida posible”, señaló en el mes de agosto.

A nivel general, Unesco lanzó a finales de marzo una coalición mundial a favor de la educación, un plan que propuso soluciones de aprendizaje a distancia para los diversos niveles de enseñanza.

En la coalición participan, entre otras, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Internacional de Comunicaciones.

También se sumaron entidades del sector privado, como Microsoft, GSMA, Weidong, Google, Facebook, Zoom, KPMG y Coursera, comprometidas con aportar recursos y conocimientos especializados en materia de tecnología, conectividad y fortalecimiento de capacidad.

‘La equidad es la principal preocupación, porque el cierre de las escuelas perjudica de forma desproporcionada a los alumnos vulnerables y desfavorecidos, quienes dependen de ellas para una serie de servicios sociales, entre ellos la salud y la nutrición’, precisó el ente multilateral.

Entre las propuestas concretas de la coalición sobresalieron la ayuda a los países a movilizar recursos, aplicar soluciones, identificar respuestas equitativas, lograr el acceso universal, evitar la superposición de esfuerzos y facilitar el regreso de los alumnos a las aulas cuando las escuelas abran de nuevo.

De igual manera se instó a los donantes internacionales a proteger su parte de la ayuda al desarrollo dirigida a la educación mundial y a utilizar una financiación equitativa para garantizar que el apoyo se dedique a los países y regiones con desigualdades crónicas.